La gratuidad de la educación fue un logro del pueblo mexicano a través de infinidad de luchas sociales y políticas, siendo parte de un principio histórico que permeó en todas las transformaciones del país posteriores a la independencia de México. La Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal promulgada en diciembre de 1867 establece el principio de gratuidad y obligatoriedad de la instrucción educacional refrendado en la constitución de 1857.

Hoy en día este principio está plasmado en el artículo 3 en su fracción IV de la siguiente manera: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

A nivel mundial se ha demostrado, sobre todo en la Unión Europea, que sociedades mayormente educadas reditúan en beneficios sociales para la gente menos favorecida y ha sido una estrategia de esos países apostarle a la educación gratuita en todos los niveles académicos. De ahí se desprende que la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, sea incrementar el presupuesto a la educación pública en los países como México con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Al destinar mayor dinero público a los gastos de Educación, el Estado está en posibilidades de que se ofrezca gratuitamente como sucede en los países europeos.

Sin embargo, en nuestro país las reformas que se hicieron en materia educativa, principalmente a la Ley General de Educación, impusieron términos como “cuotas voluntarias” y “donaciones” dentro del articulado. Contraviniendo en la práctica los planteamientos anteriores de gratuidad y las fuentes de financiamiento para la Educación; y aún más, dicha legislación es utilizada en muchas escuelas públicas del país para otorgar la educación a cambio del pago de dichas cuotas o su equivalente en especie.

El texto actual del artículo 6 de la Ley General de Educación establece lo siguiente:

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Claramente, el texto del artículo anterior reitera lo establecido en el art. 3 constitucional: la educación es gratuita. Y prohíbe el pago de contraprestaciones. Sin embargo, define que las donaciones o cuotas voluntarias no son contraprestaciones. Dicho de otra manera y en pocas palabras, prohíbe las contraprestaciones, pero no las cuotas (sic).

En la práctica, las autoridades educativas condicionan los registros de ingreso de los estudiantes al pago o la cobertura de dichas “cuotas voluntarias”. Aún más, en ventanillas escolares son exigidas como parte del trámite de inscripción, así como para cualquier trámite de constancias, certificados y otros servicios escolares.

Un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de septiembre del 2016, apunta que 4 millones 100 mil niños y adolescentes, de entre tres y 17 años de edad, no van a la escuela en México. Lo cual se podría ver empeorado ya que adicionalmente, más de 600 mil están en riesgo de abandonar las aulas. El mismo reporte señala que en nuestro país el 57% de los niños no terminan la educación media superior. El representante de ese organismo internacional en México, Christian Skoog, apuntó que las causas pueden estar en la precariedad con que viven dichos niños y explica que “el análisis de las barreras económicas del lado de la demanda indica que las familias pobres dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación. Esta situación se agrava más en las familias jornaleras migrantes. En comunidades rurales, los costos de traslado, vestimenta, útiles escolares, alimentación, entre otros, rebasan la capacidad económica de los padres para proveerlos”.

Es por ello que el miércoles 19 de julio, en el Congreso de la Unión, la coordinadora de diputados de Morena, Rocío Nahle, pidió aprobar una reforma al artículo 6 de la Ley general de educación presentada por un servidor para agregar que no se puede condicionar la enseñanza o el ingreso a un centro educativo al pago de ningún tipo, ni contraprestaciones ni a la aportación de donaciones o cuotas voluntarias.

 


Con información de “La Jornada Veracruz” (Impresiones de una Cámara | https://goo.gl/3797wi)

 



 

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